“no ha querido asumir la investigación de la participación de la delincuencia organizada y tiene truncado el caso en la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión”.

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[dropcap]E[/dropcap]l fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, culpó al gobierno federal de la falta de resultados respecto al homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, al argumentar que no ha querido asumir la investigación de la participación de la delincuencia organizada y tiene truncado el caso en la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

En el marco del análisis de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el USAID y el gobierno estatal, el fiscal mantuvo la línea discursiva del gobernador Javier Corral: que el gobierno estatal investigó el caso de Miroslava y dieron con los responsables, sin tocar el tema de la narcopolítica.

“El 23 de marzo de 2017 (día del asesinato de Miroslava Breach) se inician dos carpetas de investigación: una en el fuero federal y otro en el común. Durante todo ese tiempo, cada una de las dos instancias investigó. La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de la Libertad de Expresión, la FEADLE, nunca conocimos, a pesar de solicitarlo, el avance de su investigación.

“Fuera de libreta supimos que no habían avanzado nada con la carpeta. Aquí en el estado, avanzamos con la investigación de obtención de datos, obtención de videos, obtención de comportamientos telefónicos, obtuvimos perfiles genéticos, huellas digitales, es decir, una investigación robusta”, sostuvo.

Y detalló que cuando identificaron que había participación del crimen organizado, “personalmente fui con el titular la Subprocuraduía de Delincuencia Organizada, le expuse los hechos. Le dije: ‘aquí, cuando menos, ustedes tienen que llevarse un desglose para tratar el tema de delincuencia organizada’.

“Se los mandamos por escrito. Tres o cuatro meses después me mandan un escrito donde me dicen: ‘nosotros no percibimos la existencia de delincuencia organizada’. Y nunca investigaron la delincuencia organizada en el caso de Miroslava.

“Pero cuando nosotros logramos, con el apoyo de la Federación, de la Policía Federal, la primera detención de la persona que actualmente está sujeta a proceso. En ese momento viene la FEADLE, con motivos políticos, nos exige que entreguemos carpeta de investigación, pero nunca hizo saber a la investigación pública que ellos ya tenían una carpeta de investigación que nunca avanzó”.

Dijo que posteriormente exigieron la carpeta y comenzaron a hacer señalamientos en contra.

El fiscal aseveró que le dijeron a la FEADLE que lo que no quería el gobierno estatal era que se truncara la investigación.

“Ya va más de un año (…) no muestra avances ni el proceso ni la investigación”, lamentó.

Peniche comparó el asesinato de la periodista con el tratamiento que ha dado la federación a casos de desaparición forzada.

Dijo que la ley de desaparición tiene problemas competenciales, por lo que resulta complejo operar para el Ministerio Público en los estados, tanto en una conducta delictiva como la investigación misma.

Indicó que esa situación se agrava en el Poder Judicial, al asegurar que los jueces de amparo no conocen el sistema acusatorio y pretenden resolver las cuestiones constitucionales sin haberse formado, mientras que los tribunales colegiados y unitarios siguen resolviendo en los mismos términos del sistema tradicional versus el sistema acusatorio.

Específicamente, el fiscal se refirió a la competencia de la autoridad federal cuando se presume que hubo participación de la delincuencia organizada. El problema, enfatizó, es la interpretación que le dan los jueces.

Peniche Espejel puso como ejemplo el caso de la desaparición de ocho integrantes de la familia Muñoz Veleta, ocurrido en junio de 2011, en la localidad de Anáhuac, del municipio de Cuauhtémoc.

“En la Fiscalía General llevamos la investigación. Obtuvimos datos y, en efecto, hay parte de la investigación en donde los responsables del delito estarían ligados al crimen organizado. Eso lo percibe el juez local.

“Y a la hora de resolver, dice: ‘no, aquí no corresponde la competencia del fuero común, le corresponde a la federación’. Y en una decisión escueta que deja más dudas, deja la responsabilidad al Ministerio Público, para que a través de Fiscalía (estatal) se lleve el caso a Fiscalía General de la República, cuando en realidad él lo tuvo que haber turnado al juez federal”, dijo.

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“Nosotros traemos la tarjeta de investigación; se la mandamos a la Fiscalía General de la República y, de entrada, la Unidad de Atención Especializada en la Desaparición de Personas dice: ‘No, yo aquí no veo la delincuencia organizada y nos la regresa’.

“Ahora viene el gran problema de ver cómo resolvemos un problema de competencia de autoridades de administración de justicia, cuando hubiera sido muy sencillo, y lo correcto, además, hubiera sido mandarlo al juez de Distrito y se manifestara, se la aceptaba o si se declaraba incompetente, entonces en automático entraba el conflicto de competencia en los términos que está establecido en los códigos (…) el caso es está rebotando”, añadió.

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