Chihuahua — Un juez federal otorgó un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusado por la administración de Javier Corral como presunto responsable del delito de peculado por 275 millones de pesos.
MILENIO tuvo acceso a la sentencia que establece que el juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Chihuahua, “carecía” de competencia para librar la orden de captura en la causa penal 780/2017, porque se trata de un asunto del orden federal.
René Ramos Pérez, juez décimo de distrito en el Estado de México, quien concedió el amparo, ordenó al juez local dictar un nuevo fallo donde “resuelva que carece de competencia legal para emitir la orden de aprehensión solicitada”.
La resolución se da en medio de la negativa de Javier Corral de entregar a un juez federal de Ciudad de México a tres ex colaboradores de Duarte, entre ellos, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI. Corral ha manifestado reiteradamente que se busca “cubrir con el manto de la impunidad” los delitos cometidos por la gestión que encabezaron los priistas en Chihuahua.
A través de su abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, el ex gobernador impugnó la orden librada el 13 de julio de 2017. El juez Ramos Pérez tomó en cuenta el análisis realizado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano que el 6 de abril del año en curso, ordenó al citado juez local entregar a Gutiérrez, así como Antonio Enrique Tarín y a Gerardo Villegas, ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte.
La Fiscalía General de Chihuahua acusó a Duarte, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal otorgó a la Secretaría de Hacienda local, la cantidad de 275 millones de pesos, para que la dependencia estatal lo destinara al rubro de educación, recurso que una vez liberados nunca fueron entregados, sino que supuestamente se desviaron a las cuentas del PRI.
“Las anteriores consideraciones permiten concluir, al igual que lo hiciera el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que los recursos otorgados al estado de Chihuahua, serían destinados al rubro educación, a través de un subsidio, el cual tiene la característica de ser recurso público federal. “El juez competente para conocer del delito de peculado cuando el bien jurídico se trata del patrimonio de la federación, lo es un juez federal en materia penal y no el del fuero local”, establece el fallo.
